El intento más ambicioso de establecer un marco normativo integral para los activos digitales en Estados Unidos se ha topado con un gran obstáculo. El 15 de septiembre de 2026, el Senado de EE. UU. rechazó una moción para invocar el cierre del debate sobre la Ley CLARITY (H.R. 3633) por 49 votos a favor y 50 en contra, sin alcanzar los 60 votos necesarios. El resultado no supone un rechazo definitivo de la legislación, pero significa que el Senado no procedió a examinar el proyecto de ley en esa fase y deja en el aire el futuro de la regulación de la estructura del mercado de criptomonedas en EE. UU.

Una derrota de procedimiento, no una votación definitiva

La votación del Senado se refería al cierre del debate sobre la moción para pasar a examinar el proyecto de ley H.R. 3633, y no a la aprobación definitiva de la propia Ley CLARITY. Según el acta oficial del Senado, 49 senadores votaron a favor, 50 en contra y uno se abstuvo. Por lo tanto, a la moción le faltaron 11 votos para alcanzar el umbral de 60 votos necesario para el cierre del debate. Los republicanos Susan Collins, Josh Hawley, Jerry Moran y Thom Tillis se unieron a los demócratas y a los independientes presentes para votar en contra de que se tramitara la medida, mientras que el senador Chris Coons no votó.

Se trata de una distinción importante, ya que la Ley CLARITY ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 por una votación bipartidista de 294 a 134, incluyendo el apoyo de 78 demócratas. El fracaso de la votación en el Senado significa que los legisladores no pasaron a la siguiente fase de deliberación en el pleno, en la que podrían haberse presentado enmiendas, se habría celebrado un debate y, finalmente, se habría procedido a la votación para su aprobación definitiva. En la práctica, la legislación ha quedado estancada, más que rechazada formalmente.

Lo que la Ley CLARITY pretendía cambiar

En el centro de la legislación se encuentra la cuestión, de larga data, de cómo debe repartirse la responsabilidad reguladora sobre los activos digitales entre la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La propuesta otorgaría a la CFTC una autoridad más amplia sobre los mercados al contado de materias primas digitales y las bolsas, los corredores y los intermediarios registrados, al tiempo que preservaría el papel de la SEC en las transacciones de valores y contratos de inversión. La legislación también establecería requisitos para los intermediarios registrados pertinentes en materia de segregación de activos de los clientes, divulgación de información, capital, gestión de riesgos y custodia.

La versión preparada para la votación de septiembre incluía disposiciones adicionales sustanciales que iban más allá del texto original de la Cámara de Representantes. Abordaba el tratamiento de determinados protocolos DeFi en el marco de la Ley de Secreto Bancario, aclaraba las normas para las cooperativas de crédito e introducía disposiciones adicionales relacionadas con las stablecoins de pago. Sus promotores republicanos afirmaron que el borrador final incorporaba 126 cambios sustantivos solicitados por los demócratas, entre los que se incluían disposiciones éticas más estrictas, un papel para los fiscales generales estatales en la aplicación de restricciones a los funcionarios públicos y nuevas competencias del Tesoro destinadas a responder a posibles salidas de depósitos vinculadas a las monedas estables.

Por qué el Senado no logró alcanzar el apoyo necesario

Una de las principales disputas sin resolver se refería a las normas éticas para los cargos electos con intereses financieros en activos digitales. Los senadores demócratas argumentaron que la propuesta final no iba lo suficientemente lejos a la hora de prevenir conflictos de intereses en los que estuvieran implicados funcionarios federales, prestando especial atención a los intereses empresariales del presidente Donald Trump relacionados con las criptomonedas. El borrador final ampliaba las competencias de aplicación al permitir a los fiscales generales estatales tomar medidas en determinadas circunstancias, pero los negociadores demócratas siguieron buscando requisitos más estrictos, incluidas disposiciones adicionales sobre la desinversión.

El desacuerdo no se limitaba a la ética. Los bancos y algunos legisladores también habían expresado su preocupación por que las recompensas vinculadas a las monedas estables de pago pudieran fomentar la salida de depósitos de los bancos tradicionales y afectar potencialmente a su capacidad de concesión de préstamos. Por lo tanto, la propuesta final incluía competencias adicionales para el Tesoro destinadas a limitar la fuga de depósitos. A pesar de estos cambios y de meses de negociaciones, ningún demócrata votó a favor de la moción para invocar el cierre del debate y pasar a la votación del proyecto de ley, mientras que varios republicanos también votaron en contra.

El proyecto de ley está estancado, pero la puerta no está completamente cerrada

Un detalle de procedimiento mantiene técnicamente viva la Ley CLARITY. El senador Thom Tillis cambió su voto a «no» y, posteriormente, presentó una moción para reconsiderar la votación, dejando abierta una vía de procedimiento para que el Senado vuelva a examinar el asunto. Esto significa que sigue siendo posible otro intento de sacar adelante la legislación. Sin embargo, a fecha de 16 de septiembre, no se ha programado ninguna nueva votación sobre la Ley CLARITY, y el Congreso se acerca a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, lo que podría afectar al calendario legislativo restante.

Hasta que el Congreso alcance un nuevo acuerdo, es probable que la atención siga centrada en la SEC y la CFTC, así como en las normas que puedan elaborar en el marco de sus competencias legales actuales. El presidente de la Comisión de Banca del Senado, Tim Scott, y los presidentes de las comisiones de la Cámara de Representantes que impulsan la legislación identificaron la elaboración de normas y directrices por parte de las agencias como una vía posible mientras el Congreso sigue trabajando en la legislación estatutaria. Por lo tanto, el fracaso de la votación no pone fin a la regulación de los activos digitales en Estados Unidos, sino que deja sin resolver el esfuerzo por establecer un marco legislativo federal integral.

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